Nº 57

La “droga de los pobres” asoma en los territorios de exclusión social

EL PACO YA EMPIEZA A HABLAR CON TONADA CORDOBESA

Todo indica que el consumo de la pasta base de cocaína, o Paco, despunta ya en algunos barrios de Córdoba. La llaman la “droga de los pobres” y está asociada a la pobreza y la marginalidad. Quienes fuman Paco son estigmatizados por la sociedad y los propios usuarios de otras sustancias, lo que ayuda a construir la imagen de “un otro amenazante”. Con un Estado ausente, hay quienes piensan al Paco, como ocurrió con el crack en los Estados Unidos, como un instrumento útil para diezmar a las poblaciones consideradas peligrosas. Para revertir esta situación, las políticas de represión y control no ofrecen resultados importantes, por lo que las acciones deben apuntar hacia la educación, la creación de trabajo y condiciones  dignas de existencia que les permitan a los jóvenes recuperar un proyecto de vida.

En Colombia lo llaman basuco o el ansia, en Bolivia pitillo, kete en Perú, baserolo en Ecuador,  mono en Chile y la maldita lata en Uruguay, por la forma en que se prepara, calentando la base de aluminio y aspirando por la ranura. Pero aquí, en la Argentina recibe el casi simpático sobrenombre de Paco, aunque algunos la denominan también mono o marciano, de acuerdo a que se la mezcle con tabaco o marihuana.

Pero el apodo que se ganó en estas tierras no es muy creativo, ya que surge del apócope de PAsta base de COcaína aunque, con mayor precisión, es el residuo que queda en la fase final de la fabricación de cocaína.

La pasta base de cocaína (PBC) empezó a consumirse en Colombia y Perú a fines de los años setenta, para extenderse luego a Ecuador, Chile y Bolivia. A la Argentina ingresó por el norte, proveniente de la frontera con Bolivia, y luego llegó a las grandes zonas urbanas, especialmente el conurbano bonaerense.

En la mayoría de los casos, ese ingreso fue minuciosamente planificado por los traficantes en una operación denominada “la inyección de la pasta base” consistente en “secar la plaza” para que los adictos a otras drogas, fundamentalmente marihuana y cocaína, se encontraran privados de esa “mercadería” y recalaran en el Paco.

Al paco se lo compara habitualmente con el crack, la droga que hizo estragos, una década atrás, en la población negra y pobre de los Estados Unidos. En realidad, no son exactamente iguales, pero tienen en común el hecho de que ambos proceden de la cocaína y poseen una alta capacidad destructiva.

“Un otro amenazante”

Prácticamente en todos los grandes centros urbanos del país el paco tiende a funcionar como la droga de iniciación, un papel que antes cumplían el alcohol, los pegamentos y la marihuana. Chicos de 10 o 12 años, en los barrios marginales, empiezan a consumir una droga que aparece como muy barata (el precio oscila entre uno y tres pesos por unidad), más allá de que por el tipo de adicción que provoca obliga a un consumo permanente. Nadie fuma un sólo paco y algunos llegan a consumir varias docenas por día.

De todos modos, en el imaginario colectivo el paco fue y sigue siendo la “droga de los pobres”. Y esa visión persiste más allá del hecho, constatado en recientes estudios, de que el paco llegó a la clase media e, incluso, a algunos segmentos de la clase alta. Sectores sociales a los que se vincula más con el consumo del éxtasis y la cocaína de buena calidad y que suelen comenzar por la marihuana, cada vez más aceptada socialmente ya que, como afirma Ramón José Granero, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) no tiene el marketing de la muerte del paco.

Sin embargo, la visibilidad de los paqueros de clase media es escasa, ya que no consumen la droga en las calles sino en sus hogares. Y los efectos de la pasta base son, para ellos, menos lesivos en la medida que están mejor alimentados, cuentan con controles médicos adecuados y tienen un acceso relativamente fácil a los tratamientos médico-psicológicos. Por otra parte, la disponibilidad de dinero no los impulsa al delito y al robo para comprar más droga.

Sin embargo, en la opinión pública sigue instalada la idea -y son muchos los que se esfuerzan para que no se modifique- de que el consumidor de paco es un marginal peligroso. Es decir, alguien completamente estigmatizado socialmente. Y a partir de esa imagen, se construye, como señala la Asociación Civil Intercambios, “un otro amenazante”, un individuo que asusta no sólo a la sociedad sino a los propios consumidores de droga. El usuario de paco, en el imaginario colectivo, se codea con el delito.

El matrimonio paco/pobreza

Ese hecho no quita, como es obvio, que el patrimonio paco/pobreza siga fuertemente consolidado. Y se expanda aceleradamente por la persistencia de la pobreza y porque la Argentina, conviene no olvidarlo, ya dejó de ser un “país de tránsito” en materia de drogas. Ahora es un país que produce y exporta. Y los narcos venden también, obviamente, los desechos de esa producción.

Es difícil que el paco no prolifere en un contexto donde según cifras del 2007 (no del 2001 o del 2002, en plena crisis), el 60 por ciento de los chicos y jóvenes viven en hogares precarios. Donde en una provincia como Santa Fe, capital nacional de la soja, uno de cada cuatro niños padece desnutrición. Donde la expansión de la macroeconomía y la reconstitución del poder político no lograron disolver el segmento duro de pobreza  que expande su sombra sobre más de un tercio de la población argentina.

“La droga ingresa en una sociedad a partir de la existencia de inclusión social, desintegración familiar, falta de planes de salud pública. Acá ya tenemos varias generaciones perdidas que no se han podido alfabetizar ni lo podrán hacer, que ya han sufrido problemas de desnutrición, de marginalidad extrema”, precisa Rubén González, el titular de la Federación de Organismos no Gubernamentales que trabajan en Asistencia y Prevención de Drogas en Argentina (FONGA).

¿Se necesitan, entonces, políticas de inclusión?. Si, claro, pero tampoco hay que ilusionarse demasiado. Por un lado, la mayoría de los programas de inclusión han fracaso o han alcanzado logros sinceramente irrelevantes. Y por otro, lo que es más importante, esos jóvenes excluidos, brutalmente marginados y carentes del sentido de la vida, ¿tienen voluntad de reinsertarse en un sistema que por años los condenó al olvido?.

El historiador y economista Daniel Larriqueta acuñó el término “excluidos incurables” para nombrar al millón de jóvenes en situación de exclusión absoluta, que no estudian ni trabajan, que son hijos de padres que tampoco trabajaron nunca y que se encuentran definitivamente desenganchados del sistema de valores que fue predominante en la Argentina contemporánea.

Las políticas de inclusión clásicas (trabajo, educación, asistencia social), incluyendo las pocas que se han realizado con alguna eficacia, tienden a naufragar frente a esos jóvenes sin ningún patrón cultural vinculado al esfuerzo o la disciplina, sumergidos en la anomia y el desamparo, desesperanzados y sometidos a políticas de mano dura que procuran empujarlos a los bordes territoriales y sociales de los grandes centros urbanos.

Seguramente, con ingenio, creatividad y voluntad política, se podrán encontrar soluciones no convencionales para comenzar a revertir esta situación. Lo otro es esperar que, más temprano que tarde, aparezca algún Marcola por estas tierras. Marcola, para quien no lo recuerde, es el seudónimo de Marcos Camacho, el jefe de la banda carcelaria del Primer Comando de la Capital (PCC) de San Pablo, Brasil, cuyos seguidores  en mayo de 2006 se lanzaron a las calles, enfrentando a la policía y el ejército, con el saldo de casi un centenar de muertos. Por varios días, el PCC transformó a la ciudad brasileña en un campo de batalla.

Marcola dijo en un reportaje publicado por el diario O Globo: “No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad”.

Una realidad que asoma en Córdoba

En esa realidad de pobreza asentada en villas y barrios pobres de las ciudades, empieza a asomar el proceso denominado “favelización de la economía”, donde miles de familias humildes cocinan la droga como forma de ganarse la vida. Mientras otras miles venden el paco, desdibujando el rol que en otras épocas cumplía el “dealer”.

Es, para ellos, una forma de supervivencia. Algo que les permite vivir gracias a un producto que mata. Es por eso que, en muchas lugares, se va tejiendo una espesa red de complicidades y silencios.

Todo indica que en Córdoba esa situación ha comenzado a aparecer en diferentes barrios como Villa Cornú, Colonia Lola, 1ro. de Mayo, Villa El Libertador, Bella Vista, Villa Paéz, Las Violetas, Las Pichanas, San Jorge, Villa Azalais, Comercial o Güemes.

Es en la ciudad, al igual que el propio consumo del paco, un fenómeno incipiente. Pero, como lo indica la experiencia de lo sucedido en otras ciudades, especialmente en el Gran Buenos Aires, es capaz de multiplicarse a una velocidad impresionante.

Y el Estado, ¿donde está?

Tiempo atrás, con una hipótesis que muchos tildaron de economicista, Claudio Mate, el ex-subsecretario de Prevención de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que el surgimiento de la pasta base obedeció a que “la salida de la convertibilidad colocó a nuestro país como una plaza poco rentable para la cocaína de máxima pureza; por eso el mercado se adaptó insertando esta nueva modalidad”.

Sin embargo, la mayoría de los que cuestionaron esa interpretación no objetaron que el entonces funcionario haya dejado librado el tema al libre juego de las fuerzas del mercado, silenciando el hecho de que la multiplicación del paco fue posible por la complicidad de segmentos importantes de la estructura policial y las redes de protección tejidas por el poder político de los “barones” del connurbano bonaerense.

Lo cierto es que, por acción o por omisión de los responsables políticos y policiales, casi nadie, desde el Estado, hace algo serio para modificar este panorama. Ni a nivel nacional, ni en los niveles provinciales ni en el orden municipal. Es decir, el Estado brilla por su ausencia.

Paco y control social

Esta ausencia no siempre obedece, claro está, a cuestiones de falta de presupuesto, ineficiencia o negligencia. La droga es, fue y será siempre un formidable instrumento de control social.

El intelectual norteamericano Noam Chomsky demostró en forma acabada que en los Estados Unidos la lucha antidroga tiene poco que ver con las drogas en sí mismas y constituye, en cambio, una técnica para controlar a las poblaciones consideradas peligrosas en ese país. “Las autoridades estadounidenses no intentan detener el suministro de drogas; tratan de criminalizar a la población negra. Los negros son las mayores víctimas de esta guerra. Es enorme el número de los que se encuentran atrapados por el sistema judicial y penal”, escribió no hace mucho tiempo.

En la Argentina se escuchan voces en el mismo registro. Para Aldo Doménico, psicólogo sanitarista del Ministerio de Salud de la Nación, la misión del paco es “la eliminación de los negritos”, en tanto Horacio Tabarez, de la ONG rosarina Vínculo, precisa que “las sustancias son utilizadas por las clases dominantes como forma de control social”.

“El consumidor de drogas generalmente se inhabilita para la lucha transformadora de la sociedad. Las sustancias afectan al Sistema Nervioso Central y, por ende, el registro de lo real y los dispositivos mentales para el pensamiento conceptual y para la planificación de estrategias liberadoras; con bajo costo, al sistema le conviene que esa población alojada en villas de emergencia este frenada por el alcohol y la droga y no que se organice en agrupaciones comunitarias, piqueteras y luchadoras, que protesten y exijan trabajo, pan, justicia, educación, salud y viviendas confortables”, agrega.

Angel Lito Borello, ex-coordinador de Políticas Urbanas de la ciudad de Buenos Aires, también afirma que el paco “es un instrumento tomado por conglomerados políticos como exterminio de los desprotegidos” y vincula su comercialización con “sectores de la Justicia y la policía corrupta”.

“Los sectores políticos han encontrado en esta sustancia un instrumento de dominación, porque fragmenta la sociedad y destruye las organizaciones en el territorio”, remata.

Los límites de la represión

Más allá del trasfondo político, el poder del narcotráfico es enorme. En el 2004, la ONU estimó que mueve 321 mil millones de dólares. En ese año, la cocaína fue comercializada por 71 mil millones de dólares y las drogas sintéticas por 44 mil millones de dólares. Y la venta de marihuana alcanzó los 113 mil millones de dólares. Todo ello en el marco de un mercado mundial integrado por 200 millones de consumidores y en franco crecimiento.

“Un negocio de fabulosas ganancias y consumidores en una etapa de explorar nuevos gustos. Será éxtasis, hachís, Paco o una mezcla de pegamentos. Hay una droga al alcance de cada bolsillo. Es la sociedad de consumo”, escribió el periodista Daniel Gallo.

Continuar hoy con una política centrada en la represión y el control, a través de la Gendarmería y la Aduana, con la idea de que Argentina es un país de tránsito, constituye una estrategia cada vez más limitada y limitante. No sólo subestima las tareas de prevención y asistencia,  sino que soslaya, en casos como el del paco, la necesidad de generar una modificación sustancial en la situación social de exclusión.

Porque el problema del paco es una cuestión social y no se trata, entonces, de sembrar culpa en los padres de los chicos que consumen la pasta base ni hacer eje en temas -reales, pero no centrales- como la falta de contención familiar o las “malas compañías”.

El consumo del paco está íntimamente asociado a la pobreza y la marginación y las políticas para combatirlo deben orientarse hacia la educación, la creación de trabajo y condiciones  dignas de existencia que les permitan a los jóvenes recuperar un proyecto de vida. Los pibes en la esquina del barrio o de la villa, sin nada que hacer, son un blanco fácil para los traficantes de la droga.

El Estado debe hacer campañas de prevención y crear centros públicos y gratuitos especializados en las zonas de mayor riesgo. Pero si quiere ser realmente eficaz, como dijeron el año último las integrantes del Movimiento Madres en Lucha, durante el Segundo Encuentro Territorial Latinoamericano sobre Riesgo Social Pasta Base-Paco, tiene que apoyarse en “el saber de las organizaciones, el conocimiento de los que andan en chancletas sobre lo que pasa en el territorio y cómo recuperar a los pibes”.

Roberto Reyna