Nº 57

Editorial

EL JUICIO A MENENDEZ

El comienzo, en los Tribunales Federales de Córdoba, del primer juicio al terrorismo de Estado en la provincia, con el ex-general Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores sentados en el banquillo de los acusados, es un hecho histórico y saludable, donde la Justicia tiene la oportunidad de reconciliarse, al menos parcialmente, con la sociedad.

Menéndez y los asesinos que lo acompañaron en la planificación y ejecución del genocidio, donde el campo de concentración de La Perla fue el principal escenario, ya han sido socialmente condenados. En un territorio más difuso permanecen los cómplices civiles de la dictadura, como los jueces que avalaron la represión ilegal, los políticos que respaldaron los crímenes y que, en algunos casos, ocuparon después sitios muy destacados en el Estado democrático, los empresarios que acumularon ganancias amparados por el orden de las bayonetas, los medios de comunicación que callaron y nunca se autocriticaron, los habitúes de la Peña el Ombú o los segmentos de la jerarquía eclesiástica que se hicieron los distraídos cuando los sicarios de Menéndez asesinaron al obispo Enrique Angelelli.

Muchos de esos cómplices son responsables, también, del manto de impunidad que hace que Menéndez sea juzgado treinta años después de que ensangrentara a Córdoba. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos fueron los principales, pero no los únicos, obstáculos que protegieron a los genocidas y que finalmente fueron sacudidos gracias a la ejemplar lucha de los organismos de defensa de los derechos humanos.

Menéndez es juzgado hoy con el minucioso respeto a todas sus garantías como acusado. Es decir, con el derecho al proceso legal del que carecieron las víctimas de su ferocidad homicida. Y eso es bueno porque pone de relieve una de las líneas básicas que separa a una democracia de una dictadura.

Pero mientras dure el juicio es importante que todos estemos alertas y movilizados y que día a día la sala de audiencias aparezca repleta de público. Menéndez y los otros represores serán condenado, sin duda, pero es preciso evitar que la sentencia cobije costados decepcionantes, como, por ejemplo, que insista en enviar a los genocidas a un cómodo arresto domiciliario como si fueran ancianitos inofensivos y no verdugos con las manos cubiertas de sangre.

Porque todavía abundan, en Córdoba, los poderosos que miran con simpatía al más monstruoso asesino serial que se paseó estas tierras.