Nº 39

La crisis del sistema de partidos en tiempos de la economía globalizada

EL COLAPSO DE LA REPRESENTACION POLITICA

La crisis de la política, un fenómeno casi universal, alcanza dimensiones notables en la Argentina de hoy. Los mercados gobiernan a voluntad, en tanto la dirigencia se somete sin pelea y ofrece un triste espectáculo donde se combinan la corrupción, el canibalismo y la inoperancia. Empero, sin un sistema político relegitimado, con fuertes bases sociales, no habrá posibilidades de modificar un modelo económico de concentración de riquezas y exclusión social.

Una enorme mayoría de argentinos cree que los políticos -o casi todos ellos- son ineficaces, corruptos, mentirosos, incompetentes y que sólo se representan a si mismo. Tiene razón, sin duda, pero es posible recordar que el desprestigio de los representantes políticos no es un fenómeno nuevo: en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando amanecía la democracia, ya había quienes cuestionaban a “los diputados que se transforman en nuevos aristócratas”.
Tampoco es algo exclusivo de la Argentina: en casi todos los países abunda la gente insatisfecha con los partidos y los dirigentes políticos. Pero es real, también, que en pocos lugares el sentimiento de rechazo alcanza la ferocidad que exhibe por estas tierras. La consigna “que se vayan todos”, que ganó las calles en las tempestuosas jornadas de diciembre del año último, expresa cabalmente esa sensación que se manifiesta a lo largo y ancho del país.
Tanta es la indignación que hasta un ministro de la Nación llegó a calificar a políticos con cargos de gobierno, frente a la muerte de niños por desnutrición, como “unos hijos de puta”. Una definición que hizo suya el periodista español Luis María Anson, quien, luego de describir “la incompetencia, la voracidad y el cinismo que caracterizan a los políticos argentinos”, afirmó que “esa clase política argentina de tercera división que conoce su incapacidad para progresar en la empresa privada, saquea próvidamente las arcas del Estado y se lleva además el dinero fuera, al fulgor de los paraísos fiscales, mientras los niños se mueren de hambre”.
De todos modos, el tema de la llamada crisis de la política es una cuestión compleja que merece ser analizada con detenimiento.

El gobierno de los mercados
Manuel Garretón recuerda que en Chile, y lo mismo ocurría en la Argentina, “en una época determinada, especialmente en los sesenta y principios de los setenta, todo lo que tenía que ver con lo social y con la trascendencia individual era visto como parte de lo político o la política”.
Pero esa centralidad de la política ya es cosa del pasado. Y las causas de este cambio no son sencillas. Por un lado, está el tema del licuamiento del poder de los Estados nacionales. José Paradiso asegura que “la crisis de la política es la consecuencia del debilitamiento de las capacidades de los Estados nacionales. La política, que en última instancia es la actividad destinada a transformar la realidad en orden al mejoramiento de la condición de vida de la gente, está afectada por las condiciones de la globalización”. Algo que constató el sindicalista francés Marc Blondel, luego de asistir a la reunión de Davos en 1966, cuando dijo que “en el mejor de los casos, los poderes públicos sólo son subcontratistas de las grandes multinacionales. El mercado gobierna; el gobierno administra”. Y que el multimillonario George Soros ratificó brutalmente: “los mercados votan todos los días, por cierto; fuerzan a los gobiernos a adoptar medidas antipopulares, pero indispensables. Son los mercados los que tienen sentido del Estado”.
Claro que el proceso de transferencia del poder de decisión del Estado nacional a la economía transnacionalizada fue, también, un hecho político, generado por gobiernos que respondían y responden a intereses que poco tienen que ver con el país. O que carecieron y carecen de voluntad política para modificar el rumbo. No ocurrió, que se sepa, ninguna catástrofe natural.

El fin de la centralidad de la política
Por otro lado y vinculado con ese proceso, se produjo una profunda ruptura de la cohesión social, una desintegración profunda de las identidades colectivas y de los espacios clásicos de intermediación. La crisis no sólo afectó a los partidos sino que abarcó a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las entidades vecinales y a prácticamente todas las organizaciones.
En ese nuevo escenario social fragmentado, de “debilitamiento de lo público” según Sergio Zermeño, se produjo un repliegue individual importante y las formas de acción colectiva tendieron a sectorizarse y expresar demandas concretas. En este contexto de segmentación organizacional, los partidos políticos, como dice Marcelo Fabián Sain, dejaron de ser “instancias privilegiadas para la canalización de las principales demandas sociopolíticas. Todo ello significó, en definitiva, una profunda crisis de intermediación y representatividad político-social”.
Parece difícil, al menos por un largo período, que los partidos políticos y la política vuelvan a ocupar el lugar que tuvieron años atrás. O sea, en palabras de Norbert Lechner, recuperar “la centralidad como núcleo rector del desarrollo social”.
En todo caso, la política debe proponerse, en las condiciones actuales, articular distintos niveles de la vida social, respetando las metodologías y objetivos de cada una de sus esferas. Y los partidos tampoco deberían correr detrás de una sociedad civil heterogénea y contradictoria. Alguna vez, el italiano Massimo D´Alema dijo que “los partidos políticos no han fallado porque no escuchan a la sociedad civil, sino que quizás han fallado porque escuchan demasiado sus roces discordantes, tratando de cumplimentar a unos y otros”. Y el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero completa esa idea subrayando que “el papel de los partidos políticos es ponerse un paso delante de la sociedad civil, tratando de otorgarle a la sociedad civil un proyecto de renovación, de cambio, un proyecto político y también un proyecto cultural. Plantear la agenda de los problemas y no transformarse en aquellos que meramente reciben el reclamo de que le solucionen los problemas”.

De cosas graves y gravísimas
Si bien, como ya se señaló, el desinterés por lo político es algo universal, en la Argentina esta cuestión adquiere ribetes especiales. Casi toda la población tiene la percepción de que la política es, en nuestro país, una actividad casi delictiva y que los partidos utilizan los recursos públicos para financiar sus propios aparatos o para contribuir al enriquecimiento personal de sus dirigentes.
En medio de una crisis feroz, con 19 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza y 9 millones sumergidos directamente en la indigencia, legisladores y concejales cobran sueldos francamente irritantes. Y en esto los políticos funcionan como una aceitada corporación, donde demasiado a menudo la distinción gramsciana entre “hermandad mafiosa” y “fraternidad política” es sumamente difusa. Frente a cualquier denuncia por corrupción, el reflejo automático es colocar al “correligionario” o al “compañero” más allá de la justicia.
La crítica jamás es aceptada y la autocrítica es un bien escaso o, directamente, inexistente. Y los políticos no parecen percibir -o no parece importarles- que la gente es cada vez más conciente de que, cuando elige a alguien para representarla, lo que está haciendo es, en realidad, ungir de privilegios a quien terminará frustrando sus expectativas. La desilusión alcanza a los propios militantes que no ingresan a la política para hacer negocios en tanto y en cuanto los partidos, definidos como instrumentos esenciales para la democracia, no tienen una estructura ni un funcionamiento verdaderamente democrático.
De todos modos, Juan Eduardo Moravek, el titular dela Unión Industrial Patagónica, señala, con bastante razón, que si bien los políticos no han tenido gestiones eficaces y han participado de actos teñidos de corrupción, “su responsabilidad más grave es haber acompañado y apoyado las políticas que han llevado al país a una caída letal”. Para el industrial, limitarse a cuestionar el costo de la política o la ineptitud de los dirigentes, “es soslayar todo lo importante, todo lo trascendente”.

“Cuando nosotros peleamos también con el sistema político que funcionaba en el Senado, discutimos cómo el sistema era funcional a determinadas minorías económicas o hiperrentabilidades, cómo la falta de control de las empresas privatizadas llevaba a las maxiganancias y cómo la labilidad del control tenía que ver con la permisividad política”, aseguró no hace mucho, sin equivocarse, el ex-vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
Los grandes partidos políticos de la Argentina, que en algún momento proponían políticas redistributivas, se subordinaron a los grandes grupos económicos y ejecutaron políticas de ajuste que agravaron fuertemente la situación social. Si se leen los programas y plataformas de los candidatos, no es difícil darse cuenta que la gente votó siempre por políticas que limitaran, en mayor o menor medida, el poder de los mercados, pero los partidos terminaron rindiéndose o aliándose con ellos.

Un “ruido” para los mercados
Pero los mercados, como lo saben hasta los militares genocidas que masacraron una generación para imponer las banderas que izaba, en ese momento, José Alfredo Martínez de Hoz, no son agradecidos: usan y deshechan a sus sirvientes.
Los grandes grupos económicos sienten que la política “hace ruido” en el mundo de los negocios. Y ahora que el modelo neoliberal naufragó estrepitosamente en el país, buscan que el fracaso recaiga sólo en los partidos y en la política. Son ácidos y mordaces para cuestionar la corrupción de los dirigentes políticos pero callan el hecho de que en todas las coimas y sobornos estuvieron del otro lado del mostrador. O que giraron millones de dólares al exterior, anticipándose al fin de la convertibilidad, en los días previos al establecimiento del corralito financiero. Como lo documentan con precisión Mario Cafiero y Javier Llorens en La Argentina Robada, Javier Madanes fugó 25 millones de dólares, la familia Acevedo (Acindar) 36 millones, la familia Escasany 6,3, Luis Pérez Compac 6, Carlos Spadone 5, Federico Zorroaquin 4, los Minetti 3,4 , Ricardo Handley 1,7, Amalia Fortabat 2,7, los Born 1 millón, Santiago Soldati 800 mil, Carlos Bulgheroni 500 mil, Manuel Solanet 362 mil, José Alfredo Martínez de Hoz 538 mil, Mariano Grondona 478 mil, Susana Giménez 4,1 millón y Marcelo Tinelli 788 mil dólares, para citar sólo algunos casos. En las investigaciones de la Comisión de Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados también aparecen algunos prohombres cordobeses, como Juan Carlos Viano, de la Bolsa de Comercio, y el economista Raúl Hermida, un gurú del liberalismo al que corren a consultar, con frecuencia, la mayoría de los periodistas de las secciones o programas económicos. Para transferir sus divisas (y el costo de la crisis a los ahorristas y al Estado) contaron con la complicidad de los banqueros, quienes a su vez fueron respaldados por el Fondo Monetario Internacional que presionó para derogar la ley de subversión económica e impedir el enjuiciamiento a los responsables.
Pero, lamentablemente, el discurso antipolítico de los grandes grupos económicos, que reproducen medios como Ambito Financiero o Infobae y algunos comunicadores sociales para nada inocentes, prende también en sectores arrasados por la desigualdad y la pobreza. Y transita incluso por organizaciones del llamado Tercer Sector, dónde también hay algunos ingenuos y muchos que saben para donde juegan aunque se cobijen en la supuesta transparencia de la “sociedad civil”.
“La política como controversia de ideas es brutalmente desplazada por el modelo de la empresa y la ideología administrativa que no es siquiera una política de lo posible sino una política de lo real; la realidad como política. Empresarios que aducen probada capacidad de gestión irrumpen como alternativa y nuevos depositarios de la confianza pública, tantas veces dañada”, escribió no hace mucho Diego Tatián en La Voz del Interior.

Las culpas colectivas
Pero este sistema de empresarios corruptores y políticos corruptos funciona, en gran medida, porque la crisis de la política se encuadra en la crisis más global de la sociedad. “La corrupción y la primacía de intereses meramente personales no son privativos del sector político. Es común a casi todos los sectores de la sociedad. Esta no puede exigir a los políticos una conducta exenta de vicios que hoy se han generalizado”, constata, quizás diluyendo en demasía la responsabilidad de los políticos, Juan Eduardo Moravek.
Pero es real que los políticos no nacieron de un repollo ni son demonios que han invadido un país de seres angelicales. Habitan una sociedad que mayoritariamente apoyó la política neoliberal y se deleitaba, en su momento, con las actitudes “transgresoras” de Carlos Menem.
Además, si alguien cree que en otras organizaciones, como sindicatos o movimientos sociales, todo es transparencia y eficacia, sin luchas rabiosas por el poder, perpetuación de dirigentes en sus cargos y corrupción, es porque vive en una nube. La crisis de representatividad está más extendida de lo que se cree, más allá de que las organizaciones sociales tienen como handicap favorable el hecho de expresar demandas concretas.
Es obvio, también, que el descompromiso de la sociedad favorece esta situación. De una reciente encuesta de la Consultora Delfos surge que, si se materializara en la práctica la consigna “que se vayan todos”, sólo un 23% de los cordobeses estaría dispuesto a asumir alguna función pública. Sin olvidar tampoco que muchos de quienes adhieren a esta consigna aparecen dispuestos, en otras encuestas, a votar alguno de los candidatos que compiten en la interna del oficialismo.

La “estatalización de la política”
Aunque resulte contradictorio con el proceso de deslegitimación de las fuerzas políticas, las identidades partidarias siguen teniendo peso en la Argentina. Y ese fenómeno no abarca sólo al justicialismo sino también, pese a su crisis, al radicalismo.
Empero, como puntualizan Irey Gómez y Luis Alarcón, “los partidos políticos, sus representantes y líderes, de mediadores de la sociedad ante el Estado han pasado a ser representantes de éste último”.
El proceso se vincula al hecho de que el Estado, más allá de su debilidad frente al mercado, ha centralizado paulatinamente la intermediación entre la sociedad y los poderes públicos. Marcelo Fabián Sain define esta situación en términos de “estatalización de la política” y anota que la política “dejó de constituir una actividad social asentada sobre la participación relativamente autónoma de la sociedad civil en los asuntos de interés público y pasó a conformar una práctica de cuadros -gubernamentales y partidarios- anclada casi exclusivamente en el interior del aparato del estado y en una franja social muy estrecha y directamente vinculada a la actividad gubernamental y estatal. Evidentemente, este proceso se contextuó y estuvo condicionado por la acentuada despolitización colectiva que resultó del proceso de desintegración social, de la crisis de intermediación y representación política y de la refuncionalización del estado llevada a cabo”.
La despolitización y el divorcio de los partidos con la sociedad generan, en franjas importantes de la población, la idea de que sólo las fuerzas políticas ancladas en el Estado, como oficialismo u oposición, pueden viabilizar algún cambio, aunque sólo sea mínimo, en sus condiciones de vida. De ese modo, suele castigarse al partido en el gobierno apoyando a partidos y candidatos que recientemente frustraron sus expectativas. Algo que se expresa, por ejemplo, en el resurgimiento de la alternativa Menem. O, en el caso de Córdoba, en la posibilidad de que el ex-gobernador Ramón Mestre sea el sucesor, en el 2003, de José Manuel de la Sota.

La política vale la pena
Pero desestatizar a los partidos y reestablecer sus vínculos con la sociedad no es ni será una tarea sencilla. Además de la siempre postergada “reforma de la política” (ver recuadro), será preciso reconstituir la articulación entre lo político y lo social, en un contexto de partidos profesionalizados y organizaciones sociales con una práctica básicamente defensiva. Portantiero define a esta cuestión como “un tema duro para la consolidación de la democracia, en la medida en que el movimiento social por sí solo no puede construir política y la política sin movimiento social se transforma en un juego auroreferencial. El tema de la Argentina de hoy es ver cómo se puede articular de alguna manera movimiento social y movimiento político, y para eso no es fácil encontrar recetas”.
Es casi obvio, también, que será necesario buscar formas más directas de participación, más allá de que la complejidad de las sociedades actuales torna inevitable el sistema representativo.
Y, lo que es más importante, el desafío para las fuerzas políticas nuevas será encontrar un nuevo modelo de Estado en el marco de esta economía globalizada. Porque, como se dijo anteriormente, la crisis del sistema político pasa, en buena medida, por la imposibilidad que tiene el Estado actual para garantizar niveles dignos de vida al conjunto de la población.
Tal vez ello no salde totalmente la brecha entre la política y la sociedad, pero servirá para religarla de alguna manera. Esto viene a cuento de que autores importantes, como por ejemplo Federico Schuster, piensan que “la escisión política-sociedad es inevitable”, en la medida que las sociedades complejas tienen, necesariamente, sistemas políticos complejos y que “mas allá de los aspectos específicos de Argentina (sospechas de corrupción, descrédito de los políticos, desconfianza y apatía ciudadana respecto de la política), cualquier sistema político en el mundo tiene hoy un grado relativamente alto de separación respecto a la sociedad”. Pero al margen de las causas objetivas de esa autonomización, Schuster cree que “el lugar de la política es central. Porque es la política la que debe garantizar la constitución de los derechos crecientes y potencialmente inagotables de los ciudadanos”.
Y sobre este último punto no pueden caber dudas. Porque quienes más la necesitan son las franjas sociales postergadas y excluidas de un sistema donde reina el mercado. Pese a que ahora, como escribe Beatriz Sarlo, “la política nunca se ha mostrado más lejos de aquellos que la necesitan de modo inexorable aunque, en la desesperación y el descreimiento, abominen de todo lo político”. Y no es ocioso recordar, también, las palabras de Frei Betto: “quien tiene asco de la política es gobernador por quien no lo tiene. Es eso lo que los malos políticos, los corruptos y demagogos quieren de nosotros: repugnancia a la política”.
Está claro que sin un sistema político con profunda legitimación y de fuertes bases sociales será imposible encarar una transformación económica y social real que saque a la Argentina de la crisis. Por eso la bronca y el rechazo a la política, sin propuestas alternativas, sólo pavimentan el camino a la desesperanza. Algo de eso quiso decir Luiz Inácio Lula da Silva, en su primera visita al país como presidente electo del Brasil, cuando sostuvo que “un país como la Argentina no puede creer que la política no vale la pena”.

Un debate abierto
Por supuesto que reivindicar la política como un instrumento esencial para la acción de los sectores populares o plantear la necesidad de reconstituir los lazos entre lo político y lo social es absolutamente insuficiente. Apenas constituye un punto de partida de un debate mucho más amplio.
Siempre existió la idea, en algunos sectores, de que la crisis de la política no se supera desde la política y que el poder real reposa en la sociedad. “Contra las obediencias estériles que a veces rodean a los políticos, conviene organizar las fecundas desobediencias civiles”, proclamó alguna vez, con algo de razón, Sergio Vilar. Y esas ideas se potenciaron fuertemente en la Argentina después de diciembre del año último.
Recientemente, el periodista Hernán López Echagüe escribió un libro, con el sugestivo título de “La política está en otro parte”, reivindicando a las agrupaciones sociales que “lejos, muy lejos, de los discursos partidarios y de la realidad que pretenden inventar los medios de comunicación, parecen haber decidido tomar el cursos de la historia en sus manos”. Y definiendo como rasgos principales de “la política que está en otra parte” la horizontalidad, la autonomía y la democracia directa.
Pero están los que creen exactamente lo contrario. Rosendo Fraga piensa que “es difícil que surjan nuevos políticos de las asambleas barriales. El intento de transformarlas en movimientos políticos -lo mismo sucede con los piqueteros- difícilmente tenga éxito. Es que no resulta simple convertir con éxito un movimiento de protesta social en fenómeno político-electoral”. En la misma línea, el francés Alain Touraine juzga que las reacciones populares que generó la crisis en la Argentina “son antipolíticas, y eso no ayuda. No representan una alternativa y así permiten mantener la dominación de dirigentes sin necesidad de represión, porque la gente se automargina”.
Si los partidos son apenas aparatos electorales con dirigentes que se reciclan permanentemente y las organizaciones sociales no están en condiciones de confrontar con el modelo neoliberal, ¿cuál es la salida?. ¿Cómo traducir el sentimiento de rechazo en una alternativa política de poder?.
Desde la política, fuerzas como el ARI, el Frente para el Cambio o los partidos de izquierda (Izquierda Unida, Patria Libre, Autonomía y Libertad, el Partido Obrero) creen que son, o pueden llegar a ser, esa alternativa. Y desde lo social, algunas organizaciones, y de modo especial la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), empiezan a buscar mayor protagonismo político.
Víctor del Gennaro, titular de la CTA, que promueve la formación de un nuevo “movimiento político y social”, dijo hace poco que en en el país “hay otro poder” y que “no sólo creo que en algún momento gobernaremos la Argentina, sino que considero imprescindible que lo hagamos”. También advirtió que “si ellos (por lo que hoy gobiernan o se encuentran en el Congreso) no se van, hay que echarlos”.
Si alguien piensa que estas propuestas, desde la política y desde los movimientos sociales, pueden confluir más o menos rápidamente está absolutamente equivocado. Para muchos dirigentes sindicales y sociales, las fuerzas políticas citadas, en algunos casos rabiosamente enfrentadas entre si, son apenas “más de los mismo”. Y las conducciones políticas, a su vez, viven el mayor protagonismo político que reclama la CTA, con un discurso todavía plagado de ambigüedades, como una amenaza y piensan que la propuesta del “movimiento político y social” vendrá a fragmentar aún más el espacio de la izquierda y la centroizquierda.
No se puede ocultar, tampoco, que ambas vertientes aparecen unidas, en más de una ocasión, por lógicas de construcción que no respetan la autonomía de los sujetos convocados a una acción colectiva, unidas al sectarismo, el dogmatismo, el hegemonismo y otros vicios que no logró desterrar la política, incluida la de los sectores que levantan banderas transformadoras.
Mientras tanto, es preciso admitir que el reclamo de “que se vayan todos”, mayoritario en la población pese a sus límites, no tuvo traducción política concreta. “Los miembros de la corporación política -constata apenada la periodista Sandra Russo- no sólo no se fueron sino que siguen diariamente con su toma y daca, y arman candidaturas para las próximas elecciones, ponen y tachan y vuelven a poner nombres en boletas que millones de personas dentro de cuatro, cinco o seis meses, meterán en las urnas”.
Es que esa consigna, como el voto bronca, fue útil para patentizar la crisis del sistema de partidos, pero por sí misma no sirve para edificar una fuerza política y social capaz de relegitimar otro modelo de país. Y sin eso su único sentido se asemeja peligrosamente a la impotencia. O como afirma Atilio Borón, “el problema de la Argentina es la fórmula política. La crisis abarca una fenomenal depresión económica y también una falta total de credibilidad en la dirigencia política. Pero no tenemos mecanismos de reemplazo. Existe una enorme movilización social y una gran fuerza de la sociedad civil, pero una importante debilidad de las fórmulas político partidarias. Por más que no nos gusten los partidos, necesitamos algún marco político que le dé coherencia a las protestas. Tampoco hay un liderazgo nacional como podrían ser un Lula, un Tabaré Vázquez o un Chávez, más allá de la polémica sobre cada uno de ellos”.
Precisamente, lo de Lula es todo un ejemplo. Un ejemplo de una larga tarea de construcción política y social que no buscó atajos mediáticos. Y un ejemplo de capacidad de articulación de lo político y social -previa separación nítida de ambos niveles, el partido político y el sindicato, la central obrera y los movimientos sociales- para plasmar una fuerza seria, con vocación de poder y alejada de posiciones contestatarias y testimoniales.
Mientras no se apunte en esa dirección, en la Argentina su clase política tradicional podrá vivir una suerte de crisis terminal, pero no se comprometerá con ningún cambio serio del sistema político y, menos aún, con una transformación del modelo. Subsistirá y terminará, casi con seguridad, alumbrando un nuevo gobierno, legal pero dudosamente legítimo si se leen las encuestas sobre intención de voto del electorado, donde ningún candidato supera el 15 por ciento y el voto rechazo, entre abstenciones, voto en blanco o voto en bronca, registra altos índices.
Y entonces el horizonte de la Argentina, y especialmente del sistema democrático, será muy oscuro y, como dice Oscar Terán, nos mostrará “el espejo de lo que Paul Auster imaginó como ese desdichado país de las últimas cosas, donde incluso está amenazada la esperanza de recuperar la esperanza”.

Roberto Reyna

(Recuadro)

EL ROL DE LOS MEDIOS

Es mucho lo que se ha escrito y se ha hablado en relación al rol de los medios, especialmente los audiovisuales, en la crisis de la política. Pasó mucho tiempo desde que Hipólito Yrigoyen realizara aquella sutil distinción entre “opinión pública” (construida en parte por los diarios de la época) y “opinión popular” y desde que Juan Perón convocara a sus seguidores a utilizar a destajo “la tiza y el carbón” para contrarrestar el peso de los grandes medios que jugaban junto a la Unión Democrática. Y hoy, seguramente, la situación es distinta, sin sobrevalorar tampoco el papel de los medios masivos de comunicación.
Pero es real que la expansión de los medios audiovisuales recortó drásticamente el papel de los partidos como vehículos de información y formación de la opinión pública. Y como señala Luis Sandoval, “al constituirse como el lugar social en el que se realiza la política y sustituyendo las viejas redes de las estructuras partidarias, de tipo comiteril, vacían a la política de espacios para la construcción de propuestas programáticas y terminan centrando la actividad política en los aspectos más vinculados al espectáculo”.
Es decir, los medios audiovisuales no sólo acotan el debate sino que además trivializan la información política. Para Ludolfo Paramio, “a través de los medios es más fácil informarse sobre los errores, malos modos o peligrosas amistades de los candidatos que sobre sus programas o experiencia anterior de gobierno”.
Desde una visión más equilibrada, suele subrayarse, como costado positivo, que los medios denuncian los actos de corrupción y ejercen, en los hechos, un sano control del poder político. Y, como lado negativo, la tendencia a centrarse en los aspectos anecdóticos y desideologizar las propuestas políticas.
De todos modos y más allá de quienes investigan la relación entre política y medios, es preciso recordar cuál es la cuestión clave: los medios no son neutrales. Y el proceso de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, operado en los últimos años, determina un mensaje común de los grandes medios, emparentado en sus rasgos decisivos con el discurso de “los mercados”. Los grandes medios, que jamás se autocriticaron de su apoyo explícito a la dictadura genocida del ´76, legitimaron candidatos impresentables en el período democrático.Crearon y demolieron “fenómenos políticos” con igual pasión y a gran velocidad. Y ahora, en esta fase de crisis aguda de la política, exhiben frente a los partidos la misma fobia e idénticos prejuicios que los grandes grupos económicos. Y la mayoría de las críticas se centran en el “costo de la política”, como si una política barata fuese, necesariamente, una política de calidad.
Hoy, si se quiere conocer la línea editorial de una publicación, debe eludirse la lectura de los editoriales, generalmente plagados de vaguedades, y centrarse en la sección de economía, el verdadero “núcleo duro”. Allí es fácil comprobar que quienes opinan y determinan la agenda son los “think tanks” del establishment. Igual rol jugaron con la crisis financiera de fines del año último. Como dicen Mario Cafiero y Javier Llorens en La Argentina Robada, “los grandes medios de comunicación tienen también una enorme responsabilidad en hacer circular e imponer la versión de los banqueros. Los medios, que antes se referían al sistema financiero argentino como sólido y solvente casi como "una banca a la Suiza", ante lo inevitable de la crisis comenzaron a justificar la imprescindible implementación del "corralito" y eligieron culpar del colapso del sistema financiero a la corrida provocada por los pequeños ahorristas. Estos grandes medios decidieron también ignorar a todas las voces que denunciaron esta maniobra”.

(Recuadro)

¿Algún político quiere una verdadera Reforma Política?

LA ESTRATEGIA DEL GATOPARDO

Pocos temas han sido tan meneados, en los últimos años, como el de la Reforma Política. Astutos, los dirigentes, cuando leen sondeos que revelan que su nivel de credibilidad disminuye, agitan el tema y prometen, y a veces ejecutan, reducir el número de bancas en las legislaturas y “abaratar los costos de la política”, aunque ya no convencen a casi nadie.
En los últimos tiempos, a partir del Acuerdo Federal para la Reforma Política suscripto por el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores provinciales, el Congreso aprobó dos leyes: la que modifica la ley de partidos políticos, presentada durante la administración de Fernando de la Rúa, y la de elecciones internas abiertas y simultáneas, suspendida luego por un fallo judicial. Son las dos normas menos importantes de un paquete más vasto.
Porque los temas centrales son, sin duda, el financiamiento de la actividad política, la rotación de los dirigentes, la redefinición del régimen electoral y la modificación del régimen interno de los partidos, especialmente en los mecanismos de selección de candidaturas.
La cuestión del financiamiento de la política es fundamental, en tanto y en cuanto los canales centrales por donde ingresan fondos a los partidos son el aporte de los grupos económicos (que los transforman en rehenes de sus intereses) y los recursos del Estado. Y también es esencial impedir la reelección indefinida de los dirigentes, ya que ello termina consolidando las oligarquías partidarias e impiden la renovación y la participación de los afiliados.
Pero el rechazo de los políticos para debatir estas cuestiones es un obstáculo serio. Como asegura el politólogo Franco Castiglioni, “en otros términos, definir las fuentes de financiamiento de los partidos, o las fórmulas de selección de candidaturas, o la pertinencia de dos cámaras a nivel provincial, o nada menos que el sistema electoral, comportan en lo inmediato en algunos casos y potencialmente en otros, ganadores y perdedores concretos”.
Y los políticos no se enredan en temas donde tienen mucho para perder y prácticamente nada para ganar. Por eso, cuando se ven apurados, proponen modificar los “temas blandos”, esos que no erosionarán sus posiciones. O, como decía, con refinado cinismo, el personaje de El Gatopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “cambiar algo para que nada cambie”.
Por otro lado, cuestiones como la necesaria disminución del “costo de la política” o la eliminación de las listas sábanas merecen un debate más amplio y serio. Lo que se trata, básicamente, es de tener una buena política. En el caso concreto de Córdoba, la eliminación de una de las Cámaras y una pequeña disminución del presupuesto legislativo ¿mejoró acaso la política local?.
Y respecto al tema de las listas sábanas, conviene escuchar al sociólogo Juan Carlos Portantiero: “si el reemplazo es, como en muchos casos se pretende, los distritos uninominales, eso significa directamente eliminar el pluralismo ideológico y la representación de las minorías, con lo cual la calidad de la democracia se perjudica enormemente, así como en el caso de que los candidatos uninominales no dependan de organizaciones políticas, la potencialidad para los poderes económicos de imponer candidatos aparece claramente expresada. Hay que ir a una reforma seguramente de los sistemas electorales. Habrá que pensar en formas mixtas, etc. Pero estas consignas simples como de ´abaratemos el costo¨o como ¨eliminemos la lista sábana´, no nos permiten avanzar un paso en el camino”.